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La empresa controlará las comisiones de los planes de prestación definida Fondos de pensiones: El Gobierno descarta
nuevos incentivos fiscales Raquel
Pascual . Madrid. El Gobierno quiere reformar la ley para que empresarios y
sindicatos tengan el mismo peso en las comisiones de control de los
planes de pensiones de empleo, pero permitirá a las centrales
conservar su mayoría en los planes de aportación definida y la
empresa controlará los de prestación definida. El Ejecutivo tiene claro las reformas de la Ley de Planes y
Fondos de Pensiones que quiere sacar adelante para fomentar los planes
de empleo (aquellos que el empresario suscribe con sus trabajadores en
el seno de la empresa). Aunque en estos momentos, el Gobierno está negociando
estas reformas con empresarios y sindicatos, tal y como obliga el último
acuerdo de pensiones firmado en abril, fuentes cercanas al Ejecutivo
aseguraron que hay dos modificaciones que tienen la intención de
llevar a cabo haya o no consenso con todos los interlocutores
sociales. La primera de estas reformas se refiere a las comisiones de
control de los planes de pensiones de empleo. En la actualidad y según
la ley vigente los representantes sindicales de los trabajadores
tienen la mayoría en dichas comisiones. El proyecto que baraja el Gobierno diseña una comisión
paritaria en la que la empresa y los sindicatos estén igualmente
representados al 50% cada uno. No obstante, establece también el voto
de calidad de una u otra de las partes, dependiendo del tipo de plan
de pensiones. Si el plan es de prestación definida -en los que se
fija la cuantía de la prestación que recibirá el trabajador-, todas
las decisiones que afecten al coste económico asumido por la empresa
exigirán el voto favorable de la mitad de la comisión formada por
los representantes de dicha empresa. De esta forma se dará un poder a
los promotores del fondo que ahora no tienen y que desde el Gobierno
se entiende que puede ser un obstáculo para el desarrollo de estos
planes. Sin embargo, los sindicatos mantendrán su poder en los
caso de los planes de aportación definida (los que fijan la cuantía
de las contribuciones de los promotores y partícipes del plan). En éstos,
se exigirá que las decisiones que afecten a la política de inversión
cuente con el voto favorable de la mitad de la comisión formada por
los representantes sindicales. No discriminación El otro gran cambio que pretende impulsar el Gobierno tiene
relación con el principio de no discriminación de los suscriptores
de estos planes colectivos. La normativa actual ya contempla la no
discriminación, si bien para todo el personal que tenga, por lo
menos, dos años trabajados en la empresa. Con la reforma de la ley
que persigue el Ejecutivo se elimina cualquier requisito de antigüedad
del trabajador en la empresa y, es más, éste podrá adherirse al
plan desde su ingreso en plantilla. El Gobierno pretende aprobar sendas modificaciones en Ley
de Acompañamiento vía enmienda en el Senado, si bien es algo que se
está negociando en estos momentos. Fuentes sindicales rechazaron la
intención del Ejecutivo a aprobar la reforma sin consenso y
recalcaron el compromiso gubernamental de no hacerlo. Entre el resto de reformas que el Gobierno está negociando
con empresarios y sindicatos se incluye también la posibilidad de que
las empresas con más de 250 trabajadores participen en planes de
empleo de promoción conjunta (los formados por varias empresas de un
mismo sector). El Ejecutivo descarta, sin embargo, nuevos incentivos
fiscales a estos planes más allá de los aprobados a finales de
septiembre, cuando se creó una deducción en la cuota del impuesto de
sociedades del 10% de las aportaciones realizadas por las empresas a
los planes colectivos de pensiones. La aportación es ahora gasto
deducible en la base imponible y, a la vez, da derecho a deducción en
la cuota del impuesto. Publicado en página 20 ----- LAS NOTICIAS DE
ECONOMÍA -----
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